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Ley 70 De 1993 Analysis Essay

Análisis de la participación ciudadana en el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal en el chocó 2009 - 2013*

Analysis of public participation in the permit granting process for the use of forestry in Chocó 2009-2013

Lisneider Hinestroza Cuesta**, Yaidy Emelson Quejada Quejada***, Wagner Rivas Ramírez****

* El artículo que se presenta a continuación es un artículo de revisión producto del proyecto de Investigación: "Formación en mecanismos de participación ciudadana para la intervención en actuaciones administrativas de otorgamiento de permisos ambientales en el departamento del Chocó 2009-2013". Proyecto financiado por la Universidad Tecnológica de Chocó "Diego Luis Córdoba" y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS. Convocatoria Colciencias 617 de 2013

** Abogada de la Universidad Tecnológica del Chocó, Magister en Derecho de los Recursos Naturales de la Universidad Externado de Colombia. Chocó, Colombia.
lisneider@yahoo.es

*** Estudiante de décimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba", Integrante del Semillero de Investigación en derecho. Chocó, Colombia. derecho.emersonquejada@hotmail.com

**** Estudiante de décimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba", Integrante del Semillero de Investigación en Derecho Ambiental. Chocó, Colombia. warira_19@hotmail.com

Forma de citar: Hinestroza Cuesta, L., Quejada, Y., Rivas, W. (2016). Análisis de la participación ciudadana en el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal en el chocó 2009 – 2013. Revista CES Derecho, 7(1), 11-26.


Resumen

Este trabajo tiene como objetivo analizar los resultados obtenidos sobre la participación ciudadana en el proceso de otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal otorgados por la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Departamento del Chocó (CODECHOCÓ) en el periodo comprendido entre 2009-2013. Para la ejecución de este proyecto se utilizó el método de Investigación Descriptivo propuesto por (Toro, & Parra, 2010, p. 244) el cual pretende dar cuenta de la realidad; se interpuso derecho de petición a la autoridad ambiental, dan cuenta del otorgamiento de 224 autorizaciones de aprovechamiento forestal persistente y 12 autorizaciones de aprovechamiento forestal único. Se seleccionó al azar una muestra representativa de 24 expedientes, que corresponden al 10% de los permisos otorgados. Se concluye que en el otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento forestal, la participación de la comunidad en el departamento del Chocó, es esporádica.

Palabras claves: Aprovechamiento forestal, autorizaciones de aprovechamiento forestal, participación ciudadana, actuación administrativa, autoridad ambiental.

 


Abstract

This paper aims to analyze a study carried out on public participation in the process of granting logging permits by the Regional Autonomous Corporation for the Sustainable Development of the Province of Chocó ("CODECHOCÓ") during 2009 to 2013. To conduct this research project, a descriptive research method was used (Toro & Parra, 2010, p. 244). This research method seeks to explain the reality being researched. A right of petition was filed with the environmental authority CODECHOCO. As a result of this, information was received indicating that 224 persistent forestry permits were granted, in addition to 12 exclusive logging requests. A representative sample of 24 files (10% of the permits granted) were selected for the purpose of this project. We conclude that in granting of permits for the use of environmental resources which directly impact the environment, the participation of the community in the province of Choco is sporadic.

Keywords: Logging permits, authorization for the use of forestry, public participation, administrative action, Environmental authority.

 


Introducción

A partir de la expedición de la Constitución Política de Colombia de 1991, en nuestro país, tal como lo explica Amaya (2010, p.133) se acoge la protección y defensa del medio ambiente como una obligación en cabeza del Estado y de los particulares, como un deber y un derecho colectivo. De ahí que, la Carta Constitucional consagra como un deber de todas las personas y de los ciudadanos, la responsabilidad de emprender acciones para la protección de los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. (Art. 95, numeral 8).

En materia ambiental, la participación consiste en la incidencia de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas que afectan al ambiente, lo cual es inherente al ejercicio del poder estatal. De esta manera, existen mecanismos que permiten integrar los conocimientos y criterios de la ciudadanía en las decisiones sobre políticas públicas determinantes de la situación del entorno (Lora, Muñoz & Rodríguez, 2008, p. 46). De acuerdo con lo anterior, el convenio 169 de 1989 la OIT establece en sus artículos 2, 6 y 7 como punto de partida, la consulta previa como mecanismo de participación para los pueblos Indígenas y Tribales, a la hora de desarrollar planes, proyectos y actividades que los afecten de forma directa, lo anteriormente mencionado fue acogido por la Constitución de 1991 en los artículos 2, 7, 8, 40, 329 y 330.

Atendiendo a lo planteado por la Corte (Corte Constitucional Sentencia C-175 de 2009) la participación no se puede concebir como una intervención en la actuación administrativa que busca asegurar el derecho de defensa de quienes van a resultar afectados con la autorización de la licencia ambiental, sino que tiene una significación mayor por los altos intereses que ella busca tutelar, como son los atinentes a la definición del destino y la seguridad de la subsistencia de las referidas comunidades.

Teniendo en cuenta lo planteado por la corte constitucional en el año 1996 se ha reconocido la estrecha relación de los pueblos étnicos con la conservación, preservación y restauración del ambiente y de los recursos naturales en la medida que dichos pueblos "constituyen igualmente un recurso natural humano que se estima parte integral del ambiente, más aún cuando (...) ocupa territorios con ecosistemas de excepcionales características y valores ecológicos que deben conservarse como parte integral del patrimonio natural y cultural; además", Ramírez Moreno G. (p.59) plantea que cuando la relación hombre-selva en el departamento del Chocó, ha sido objeto de una amplia discusión por diferentes autores que han demostrado el estrecho vínculo que hay entre ellos, y lo indispensable del bosque para la población que allí subsiste, de ahí, se puede comprender la gran cantidad de permisos de aprovechamiento forestal que fueron tramitadas ante la autoridad ambiental CODECHOCÓ.

Un permiso de aprovechamiento forestal es la autorización que expide una autoridad en materia ambiental para la extracción de productos de un bosque. El Decreto 2811 de 1974, Art. 212 consagra tres tipos de permisos: único, persistente y doméstico. Para observar el enfoque que la legislación colombiana le ha dado al aprovechamiento forestal, es necesario observar el punto de partida que se estableció a partir del Decreto 2811 de 1974 (Código de los Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente) y el posterior desarrollo que se efectúa en esta materia en el Decreto 1791 de 1996 (Por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal).

Para el caso del aprovechamiento forestal único dispone: "Son aprovechamientos forestales únicos los que técnicamente se realicen en bosques localizados en suelos que deban ser destinados a usos diferentes del forestal. El permiso para aprovechamiento forestal único puede contener la obligación de dejar limpio el terreno al acabarse el aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque". (Decreto 2811 de 1974, art. 218).

El Decreto 1791 de 1996, en el Art. 5 establece que los permisos de aprovechamientos forestales único son:

Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés social. Los aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque.

Con respecto al aprovechamiento forestal, el Decreto 2811 de 1974 consagra: "son aprovechamientos forestales persistentes los que se efectúan con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas que permitan la renovación del recurso".

De igual forma, el Decreto 1791 de 1996, define en su Art. 6 lo el aprovechamiento forestal Persistente en los siguientes términos:

Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque.

Finalmente el citado Art. 05 del Decreto 1791 de 1996, en su acápite final, se queda corto solo al manifestar que el aprovechamiento forestal doméstico, son aquellos en "Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales domésticas sin que se puedan comercializar sus productos". Sin embargo el Decreto 2811 de 1974 se hizo un poco más extenso al referirse a esta especialidad:

Son aprovechamientos forestales domésticos, los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales de uso doméstico. No podrá comerciarse en ninguna forma con los productos de este aprovechamiento.

El aprovechamiento forestal doméstico deberá hacerse únicamente con permiso otorgado directamente al solicitante previa inspección, con un año de duración y con volumen máximo de veinte metros cúbicos anuales".

Herrera & Walschburguer citado por (Giraldo, Ledezma & Sanabria:1999,p4), plantean que el departamento del Chocó hace parte en su totalidad del importante complejo regional mundialmente conocido como "Chocó Biogeográfico", en donde se registran uno de los mayores índices de diversidad biológica del planeta también hace parte del corredor de conservación Chocó (...) reconocido como una de las más diversas biológicamente del planeta, ofreciendo un hábitat para muchas especies únicas de flora y fauna".

El Departamento de Chocó se encuentra ubicado en la esquina noroccidental de Colombia, en la región del Pacífico denominada igualmente Chocó Biogeográfico, bañado por los océanos Atlántico y Pacífico. De este modo, sus fronteras terrestres son: por el norte con la República de Panamá, el Departamento de San Andrés y Providencia; por el este con los Departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca, por el sur con el Departamento del Valle de Cauca. (Gobernación del Chocó, 2012).

Tiene una extensión de 46.530 Km2 (11.497.813 acres), que corresponde al 4% de la extensión del país El 90% del territorio es zona especial de conservación, en la que sobresale el Tapón del Darién.

El Choco biogeográfico, más que un territorio, representa un ecosistema en donde las condiciones privilegiadas de sol, agua, luz y aire, elementos esenciales para la vida están presentes en forma permanente y exuberante; pero además, es una región aislada del resto de las tierras bajas de Suramérica por la cordillera de los Andes. Esta barrera natural, le genera un gran número de endemismos, en especies de: plantas, mariposas y aves, y quizás éstas últimas presentan, el mayor endemismo del mundo, aproximadamente el 25% de las especies, que allí habitan no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. (Botero, 2010)

El aprovechamiento forestal en el Chocó, de acuerdo con el desarrollo de la investigación, en la fase de revisión de expedientes, se logró determinar que las solicitudes que se tramitan ante la entidad CODECHOCÓ, son las solicitudes de aprovechamiento forestal único y persistente, teniendo un mayor número de solicitudes, las destinadas al aprovechamiento persistente, sin embargo se debe precisar que ante la Corporación no se tramitan solicitudes de aprovechamiento forestal por ministerio de Ley debido que la Ley 70 de 1993, el principal marco normativo en tratándose de comunidades negras, en el Art. 19 consagra:

Las prácticas tradicionales que se ejerzan (...) para fines alimenticios o la utilización de recursos naturales renovables para construcción o reparación de viviendas, cercados, canoas y otros elementos domésticos para uso de los integrantes de la respectiva comunidad negra se consideran usos por ministerio de la ley y en consecuencia no requieren permiso.

Estos usos deberán ejercerse de tal manera que se garantice la persistencia de los recursos, tanto en cantidad como en calidad".

La expedición del Decreto 1791 de 1996 en el Art. 44 sigue este lineamiento cuando dispone:

Los aprovechamientos forestales que se pretendan realizar por comunidades indígenas en áreas de resguardo o reserva indígena o por las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 se regirán por las normas especiales que regulan la administración, manejo y uso de recursos naturales renovables por parte de estas comunidades (...)". Además según Hinestroza, Perea, Hinestroza y Granja (2014). Manifiestan "que en los territorios indígenas y afrocolombianos, las comunidades tienen derecho de prelación para la exploración y explotación de los recursos que se encuentren en su jurisdicción. (p. 276).

En virtud de lo anterior, el presente artículo pretende evidenciar que en el trámite de permisos de aprovechamiento forestal en el departamento del Chocó, a pesar de la existencia legal de mecanismos de participación ciudadana, el uso de mecanismos de participación no se materializa. Las comunidades sean negras o indígenas, como propietarias del territorio colectivo que tradicionalmente han ocupado de generación en generación, una vez se constituyen en territorios colectivos de comunidades negras o en resguardos indígenas, de conformidad con el artículo 8 del Decreto 1791 de 1996, establece que en los terrenos de dominio privado los permisos se otorgan a petición del propietario del predio, por lo tanto, las únicas que pueden tramitar permisos de aprovechamiento forestal en sus territorios son las comunidades negras o indígenas, lo que implica que uno de los mecanismos de participación ciudadana de tipo administrativo que frecuentemente es utilizado cuando se otorgan permisos o licencias ambientales en territorios colectivos de grupos étnicos, que más se utilice sea la consulta previa. Sin embargo, en el caso de las autorizaciones de aprovechamiento forestal en el Chocó, la mayor parte del territorio del departamento es de propiedad privada de comunidades negras e indígenas, (existen 60 consejos comunitarios y 121 cabildos indígenas[1]), por lo tanto la participación es escasa, en algunos eventos, cuando se otorgan aprovechamientos únicos para construir aeropuertos, rellenos sanitarios, etc, se puede evidenciar algunos intentos de participación, pero a través de consultas a la comunidad.

En su estructura, el presente artículo se divide en cuatro secciones: En el primer apartado se encuentra la introducción; en el segundo apartado se explica la metodología utilizada para la realización de este trabajo investigativo, el cual consistió en la recuperación bibliográfica analizando la constitución, leyes, decretos y jurisprudencia, asimismo se revisaron expedientes de permisos de aprovechamiento forestal otorgados por la autoridad ambiental del Chocó (CODECHOCÓ), durante los años de 2009 - 2013; en el tercer acápite se explica el desarrollo del proyecto, análisis de la normatividad, datos obtenidos a partir de la revisión de expedientes interpretación y discusión de la información recopilada y finalmente se presentan las conclusiones de la información recopilada.

Metodología

El desarrollo de este trabajo se realizó utilizando el método de Investigación Descriptivo propuesto por Toro y Parra (2010). A partir de la revisión de expedientes de aprovechamiento forestal otorgados por la autoridad ambiental del Chocó (CODECHOCÓ), interposición de derechos de petición, recuperación bibliográfica de fuentes formales del derecho y de doctrina, de lo anterior; se pueden determinar los requisitos para presentar la solicitud de aprovechamiento forestal, el número de autorizaciones de aprovechamiento forestal expedidas en el departamento del Chocó entre los años 2009 al 2013; identificar si en el trámite administrativo para el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal que llevó a cabo la corporación CODECHOCÓ, se evidencia la participación de la ciudadanía.

Desarrollo

Desde la perspectiva internacional se ha dispuesto de una herramienta jurídica vinculante como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales, en especial participación material y efectiva de estos pueblos en las decisiones que les afectan ya sea que se prevean medidas legislativas o administrativas, este convenio internacional fue adoptado por Colombia a través de la Ley 21 de 1991, del cual se puede resaltar en los artículos 2, 6 y 7, le impone al estado la adopción de mecanismos que permitan garantizar el derechos de los pueblos indígenas y tribales en el Estado colombiano a participar en las decisiones que los afecten, reconocidos como se expresó anteriormente, estos se encuentran en los artículos 2, 7, 8, 40, 79, 329 y 330 de la Constitución Política de Colombia.

A raíz del reconocimiento de la diversidad étnica, social y cultural en Colombia, la Carta Constitucional planteó a través del artículo transitorio 55 que en los dos (2) años siguientes a la entrada en vigencia de la constitución, se expidiera una ley que garantice los derechos de las comunidades negras asentadas en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, la cual dio origen a la Ley 70 de 1993, en el ámbito de esta la ley es donde por primera vez se define que es una comunidad negra, en el artículo 2 numeral 5, el cual establece:

Comunidad Negra. Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos". La expedición de esta norma es un paso importante para el reconocimiento de una nación con diversidad étnica y cultural planteado en el artículo 7 de la Constitución Política.

La Corte Constitucional a través de la sentencia T-955 de 2003, resalta lo esencial que resulta el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, para la subsistencia de estos pueblos (indígenas y tribales), ya que éstos conservan y proyectan en diferentes esferas el carácter multicultural del Estado colombiano.

El Estado colombiano también ha realizado esfuerzos destinados a la garantizar uno de sus pilares fundamentales planteado en la Constitución de 1991, como es la participación ciudadana, la cual reguló a través de la Ley 134 de 1994[2], esta ley estatutaria planteo la forma de participación de los ciudadanos de carácter general impersonal y abstracta, por ende, no se tuvieron en cuenta las consideraciones especiales que debía tenerse con relación a aquellos grupos de minorías étnicas, está necesidad derivó en un esfuerzo posterior el cual fue la expedición del Decreto 1320 de 1998, mediante el cual e reglamentó la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.

En ese mismo sentido la Corte Constitucional en sentencia C-030 de 2008, manifestó que en reiteradas ocasiones (Sentencias C-169 de 2001, SU-383 de 2003, C-620 de 2003, T-737 de 2005, y C-208 de 2007, entre otras), esa corporación ha determinado la importancia de la consulta a estas comunidades al establecer:

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en el marco del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural como valor constitucional y fundamento de la nacionalidad colombiana (C.P. arts. 7 y 70), y en el contexto de la definición de Colombia como una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista (C.P. Art. 1), la Constitución Política otorga especial protección al derecho de participación de los grupos étnicos en las decisiones que los afectan.

Ha destacado la Corte Constitucional que esa especial protección se traduce en el deber de adelantar procesos de consulta con las comunidades indígenas y tribales para la adopción y la ejecución de decisiones que puedan afectarles, deber que es expresión y desarrollo del artículo primero de la Constitución, que define a Colombia como una democracia participativa, del artículo 2º, que establece como finalidad del Estado la de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, del artículo 7º Superior, que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural, del 40-2, que garantiza el derecho de todo ciudadano a la participación democrática y del artículo 70 que considera la cultura fundamento de la nacionalidad.

En ese contexto, la Corte Constitucional ha puntualizado que, en cuanto hace a los pueblos indígenas y tribales, una de las formas de participación democrática previstas en la Carta es el derecho a la consulta, previsto de manera particular en los artículos 329 y 330 de la Constitución, que disponen la participación de las comunidades para la conformación de las entidades territoriales indígenas y para la explotación de los recursos naturales en sus territorios, y que tiene un reforzamiento en el Convenio número 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991, el cual está destinado a asegurar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio y a la protección de sus valores culturales, sociales y económicos, como medio para asegurar su subsistencia como grupos humanos".

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario identificar el grado de intervención de la ciudadanía en los procesos de otorgamiento de los permisos de aprovechamiento forestal, otorgados por la autoridad ambiental CODECHOCÓ, para lo cual fue necesaria la revisión de expedientes de los permisos de aprovechamiento concedidos, para el aprovechamiento de los recursos renovables maderables, en esta fase se pudo establecer que si bien la normatividad colombiana hasta la fecha contempla tres tipos o clases de aprovechamiento forestal (únicos, persistentes y domésticos), cabe reiterar que ante la corporación no se encontraron evidencias de solicitudes de permisos de aprovechamiento forestal doméstico.

Los datos arrojados por la revisión de los expedientes manifiesta que de las 24 solicitudes objeto de la muestra, que fueron tramitadas ante la corporación catorce (14) corresponden a solicitudes de aprovechamiento forestal persistente y diez (10) solicitudes destinadas para la solicitud de aprovechamiento forestal único, la mayoría de las solicitudes de aprovechamiento forestal se presentaron a través de personas jurídicas (Uniones temporales, Concesionarios), los consejos comunitarios y cabildos indígenas; cabe anotar que con respecto de las solicitudes de aprovechamiento forestal persistente no se evidenció al interior de los expediente, mecanismos que hicieran inferir que hubo un consenso previo con los habitantes asentados en el territorio objeto del proyecto. (Tabla 1)

 

 

Al analizar la normatividad especial de las comunidades negras, Ley 70 de 1993, en artículo 24, que consagra: ..."La entidad administradora de los recursos naturales renovables reglamentará concertadamente con las comunidades negras el uso colectivo de áreas del bosque a que se refiere la presente ley, para el aprovechamiento forestal persistente", que a la par del Decreto 1745 de 1995, artículo 12 numeral 3, manifiesta que entre las funciones del representante legal del consejo comunitario está: ..."Presentar, ante la autoridad ambiental competente y ante el Ministerio de Minas y Energía, las solicitudes de aprovechamiento, exploración y explotación de recursos naturales, en beneficio de la comunidad, previa aprobación de la Junta del Consejo Comunitario; exceptuándose, los usos por ministerio de la Ley, respecto de los recursos naturales renovables".

De lo anterior, se determina el sustento jurídico que faculta a los consejos comunitarios de presentar solicitudes de aprovechamiento forestal ante la autoridad ambiental CODECHOCÓ, y a continuación se muestra el número de consejos comunitarios existentes en el departamento del Chocó. (Tabla 2)

 

 

Con la expedición de la carta política de 1991, se tomaron medidas concernientes a la reivindicación de los derechos de las minorías étnicas, el Estado colombiano también ha legislado para proteger los derechos de las comunidades indígenas, con respecto a las normas especiales para los resguardos indígenas, la Corte Constitucional a través de la sentencia C-139 de 1996, manifiesta que:

El Constituyente de 1991 con el fin de proteger la integridad territorial y cultural de los pueblos indígenas estableció la propiedad colectiva de los resguardos y de las tierras comunales de las etnias asignándoles, entre otros, el carácter de inajenables, de manera que no pueden ser objeto de venta o transacción alguna por parte de ninguno de los miembros que conforman la comunidad indígena. Quiso así el Constituyente defender las tierras de los pueblos indígenas como colectividad sujeta a tratamiento especial.

La Corte Constitucional en la sentencia T-380 de 1993 establece:

La autonomía de las autoridades indígenas en el manejo de sus propios asuntos, en especial respecto del aprovechamiento de los recursos naturales, debe ser ejercida con plena responsabilidad. En favor de la comunidad indígena siempre podrá aducirse la doctrina ultra vires frente a actuaciones de sus autoridades que hayan dispuesto ilegal o arbitrariamente de las riquezas naturales comprendidas en su territorio, y a las cuales por lo tanto se las debe despojar de todo poder vinculante. (Tabla 3. Ver anexo)

Se hace necesario la observancia de la normatividad colombiana en materia forestal a través de la Ley 93 de 1931, por la cual se fomenta la explotación de los recursos forestales, El Decreto 2278 de 1953 que dicta medidas sobre cuestiones forestales, Ley 2 de 1959, sobre economía forestal de la Nación y recursos renovables, Decreto 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 877 de 1976 por el cual se señalan prioridades referentes a los diversos usos del recurso forestal, a su aprovechamiento y al otorgamiento de permisos y concesiones y se dictan otras disposiciones, Decreto 622 de 1977 que reglamenta parcialmente el Capítulo V, Título II, Parte XIII, Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974 sobre "Sistema de Parques Nacionales".

Al igual que los Decreto 1741 de 1978 que reglamenta parcialmente la Ley 23 de 1973, el Decreto 2811 de 1974 y los Decretos 2349 de 1971 y 133 de 1976, en lo relacionado con la creación de un Área de Manejo Especia, Ley 37 de 1989, por la cual se dan las bases para estructurar el Plan Nacional de Desarrollo forestal, Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

Y finalmente la Ley 139 de 1994 que crea el certificado de incentivo forestal y se dictan otras disposiciones, Decreto 1824 de 1994 por el cual se reglamenta parcialmente la (Ley 139 de 1994), Decreto 2915 de 1994 por el cual se organiza la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, se asignan funciones y se dictan otras disposiciones. Decreto 1791 de 1996, mencionado al principio, por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal, Decreto 900 de 1997 que reglamenta el certificado de incentivo forestal, Decreto 1498 de 2008 que reglamenta el parágrafo 3°del artículo 5°de la Ley 99 de 1993 y el artículo 2 de la Ley 139 de 1994.

Una vez hecha la recuperación bibliográfica en materia de aprovechamiento forestal en Colombia, se procedió a verificar en la fase de revisión de expedientes si se cumplen los requisitos legales al momento de realizar los trámites aprovechamiento forestal único y aprovechamiento persistente, en estos expedientes se evidenció que en los trámites para el otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento forestal único, todas presentaron la figura de la consulta previa con las comunidades arraigadas en el territorio donde se va a ejecutar la actividad, además de los requisitos establecidos por el artículo 13 del Decreto 1791 de 1996, que en materia de solicitud de permisos de aprovechamiento forestal único establece que para tramitar aprovechamiento forestal único de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público se requiere, por lo menos, que el interesado presente ante la Corporación en cuya jurisdicción se encuentre al área objeto de aprovechamiento:

a) Solicitud formal.

b) Estudio técnico que demuestre una mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal.

c) Plan de aprovechamiento forestal, influyendo la destinación de los productos forestales y las medidas de compensación.

Sin embargo con respecto el aprovechamiento forestal persistente, en la revisión de expedientes no se encontró evidencia de la intervención ciudadana en el trámite de los mismos, solo se encuentra los requisitos planteados por el Decreto 1791 de 1996 en el Art. 6, el cual establece:

Para adelantar aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público se requiere, por lo menos, que la zona se encuentre dentro del área forestal productora o protectora-productora alinderada por la Corporación respectiva y que los interesados presenten, por lo menos: a) Solicitud formal. b) Acreditar capacidad para garantizar el manejo silvicultura, la investigación y la eficiencia en el aprovechamiento y en la transformación. c) Plan de manejo forestal.

Sin embargo para el objeto de esta investigación sería importante que la ciudadanía en general (no sólo las comunidades negras) pudiera intervenir en el trámite de otorgamiento de estos permisos, la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-150 de 2015, manifiesta que: "la Constitución fija como una forma de participación el ejercicio de las acciones administrativas o judiciales requeridas para el control de las actividades a cargo del Estado o para la efectividad de los derechos colectivos". En concordancia en materia de participación la Ley 99 de 1993. Art. 69 establece:

Cualquier persona natural o jurídica o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.

Es de anotar que después de un análisis del Decreto 1791 del 1996, no dispone al interior de su articulado, mecanismos que permitan que la comunidad pueda participar, y/o emitir un concepto durante el proceso de otorgamiento del permiso de aprovechamiento forestal, partiendo de la premisa que son ellos los directos afectados con dicha autorización.

En el proceso de solicitud de la autorización de aprovechamiento forestal persistente se puede inferir que los titulares de aquellos permisos de aprovechamiento forestal es la misma comunidad que a través de los consejos comunitarios y/o cabildos indígenas quienes solicitan los permisos de aprovechamiento forestal ante la respectiva autoridad ambiental, y que estas formas de organización facultadas por la ley realizan los trámites para la obtención de los permisos, y de esta manera aprovechar las diferentes especies madereras de la región; pero no hay intervención de otros que teniendo en cuenta que todos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano, consideren de interés conocer sobre los permisos y recursos naturales que están siendo aprovechados por las comunidades. La participación no es sólo para los grupos étnicos, es para toda la comunidad, para todos los ciudadanos.

Asimismo, se observó que, es necesario fortalecer las actividades de intervención de la Procuraduría Delegada para asuntos Ambientales y Agrarios del Chocó dentro del proceso otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal ya que en los expedientes se encontró que solo 1 de las 24 solicitudes revisadas, evidenciaba acción de esta entidad ante la autoridad ambiental CODECHOCÓ, el cual consistió en un recurso de reposición en contra del acto administrativo que otorgaba un permiso de aprovechamiento forestal porque consideraba que no se había realizado la consulta previa y que solo hubo una comunicación a la comunidad sobre las nociones generales del proyecto.

Conclusiones

El Estado colombiano se ha preocupado en gran medida por la protección del medio ambiente, esto se puede evidenciar por la cantidad de artículos de la Constitución Política que se refieren en su protección y al extenso cuerpo normativo que lo complementan, entre ellos leyes, decretos y jurisprudencia, a la par de la preocupación del Estado por el medio ambiente, se encuentra el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural (Art. 7), de los pueblos conocidos como "minorías étnicas" que han habitado ancestralmente los territorio colombiano para quienes se han expedido normas que buscan la reivindicación de sus derechos a la propiedad y a la autodeterminación de sus pueblos en las decisiones que puedan afectarlos (Ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993, Decreto 1745 de 1995, Decreto 2164 de 1995 y Decreto 1320 de 1998).

Gracias a la diversidad étnica, ambiental y cultural que se encuentra en departamento del Chocó y a la estrecha relación de estos con el medio ambiente, se hace necesario que los ciudadanos o comunidades conozcan la existencia de los mecanismo de participación ciudadana que permitan propender por la reducción, preservación y protección del medio ambiente.

La participación es importante en los proceso de otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal, como se manifiesta en materia de participación ciudadana que ha tenido Colombia a través del desarrollo jurisprudencial que ha realizado la Corte Constitucional, como establece en sentencia C-891 de 2002, en la cual manifiesta que para garantizar la efectividad del derecho a participar en las decisiones que afectan o puedan llegar a afectar los legítimos intereses de un grupo determinado, es responsabilidad de las entidades estatales suministrar a las personas oportunamente toda la información que no goce de reserva constitucional o legal; y que además esta información debe ser completa, consistente, coherente, verificable, comparable, contextualizada, diáfana y siempre oportuna y que igualmente deben asumir la promoción, creación y fomento de las condiciones idóneas a la discusión pública de los temas pertinentes; proponiendo una participación ciudadana donde la discusión que se presente sea constructiva basada en el respeto de los criterios expuestos por los interlocutores institucionales y privados.

Dada la importancia en que reviste el ejercicio de este derecho fundamental para la comunidad, porque le permite conocer y participar de forma activa en dicho proceso, teniendo en cuenta que serán ellos los directos afectados o beneficiarios en la realización de proyectos, obras o actividades que se desarrollen en sus comunidades y de esta forma como ese establece en la sentencia U-039 de 1997 la participación estaría reducida solamente a una intervención en actuaciones administrativas que buscan asegurar el derecho de defensa de quienes van a resultar afectados con la autorización del aprovechamiento forestal emitido por la autoridad ambiental, sino que sino que además trasciende por el alcance de los intereses que busca tutelar, que en últimas son los pertinentes al futuro y subsistencia de las comunidades asentadas en el lugar donde se ejecute el proyecto.

Según los datos obtenidos en los expedientes revisados, no se logró observar en las solicitudes de aprovechamiento forestal persistente que indique que la comunidad asentada en los territorios donde se pretende realizar aprovechamiento forestal se les comunique, publique o haya una concertación de la realización de la actividad de una forma anticipada, por consiguiente no existe intervención de la comunidad en el trámite de otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal, que solicitan los consejos comunitarios y/o cabildos indígenas ante la Corporación CODECHOCÓ, pero por el contrario, en su totalidad las solicitudes de aprovechamiento forestal único presentan la consulta previa como mecanismo de participación ciudadana.

En la investigación se evidenció que debido a que en los territorios de comunidades negras e indígenas hay propiedad privada, los titulares de las autorizaciones de aprovechamiento forestal son estas comunidades. Sin embargo en el trámite no se evidencia participación de otros sectores de la comunidad Chocoana.

 

Referencias

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Notas

[1] Cifra presentada por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER seccional Chocó mediante Oficio 20152147039

[2] Durante la ejecución del proyecto "formación en mecanismos de participación para la intervención en actuaciones administrativas en el otorgamiento de permisos ambientales 2009 - 2013" no se había expedido la ley 1757 de 2015, "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática."

Anexo. Tabla 3

 

 

 

 

A critical review of “Internet addiction” criteria with suggestions for the future

ANTONIUS J. VAN ROOIJ1,2,* and NICOLE PRAUSE3

1IVO Addiction Research Institute

2Erasmus MC, The Netherlands

3Department of Psychiatry, University of California, Los Angeles

*Corresponding author: Antonius J. van Rooij, PhD; IVO Addiction Research Institute, Heemraadssingel 194, 3021 DM Rotterdam, The Netherlands; Erasmus MC, The Netherlands, P.O. Box 2040, 3000 CA, Rotterdam, The Netherlands; Phone: +31-10-4253366; Fax: +31-10-2763988; E-mail: ln.ovi@jioor

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Received 2014 Jun 4; Revised 2014 Sep 17; Accepted 2014 Oct 28.

Copyright © 2014 Akadémiai Kiadó

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

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Abstract

Aims: In the last 5 years a deluge of articles on the topic of Internet addiction (IA) has proposed many candidate symptoms as evidence of this proposed disease. We critically reviewed the current approach to the measurement and identification of this new excessive behavior syndrome. Methods: Three popular models of IA were discussed: Griffith’s components model; Young’s Internet Addiction Test (IAT); and the criteria by Tao et al. (2010). We selected these models because they are widely cited and propose specific criteria for IA disorder. Our approach is not meant to provide an exhaustive review, but to discuss and critique the most salient trends in the field. Results: The models of Internet addiction share some criteria, including feeling a loss of control over Internet use; ensuing psychological, social, or professional conflict or problems; and preoccupation when not using the Internet. Other criteria inconsistently mentioned include: mood management, tolerance, withdrawal, and craving/anticipation. The models studied here share the assumption that the Internet can produce a qualitative shift to a diseased state in humans. Conclusions: We critically discussed the above criteria and concluded that the evidence base is currently not strong enough to provide support for an Internet addiction disorder. Future research areas are suggested: (1) Focusing on common impaired dimensions, (2) exploring neuroimaging as a model building tool, and (3) identifying shifts in the rewarding aspects of Internet use. Given the lack of consensus on the subject of Internet addiction, a focus on problem behaviors appears warranted.

Keywords: Internet use disorder, Internet addiction, diagnostic criteria, DSM-5, behavioral addiction, addictive disorders

INTRODUCTION

In recent years, the term “addiction” has been expanded beyond substance dependence to include non-substance-related behaviors that cause problems and impairment. Proposed “process” or “behavioral” addictions have included such varied themes as shopping; exercise; gaming; and forms of Internet-enabled behavior such as online video gaming, socializing through social media, and various forms of sexual behavior (Grant, Potenza, Weinstein & Gorelick, 2010; Griffiths, 2005, 2012; Kuss & Griffiths, 2011; Sussman, Lisha & Griffiths, 2011; van Rooij, 2011). Considerable research to support these new addictions appears to follow a “me too” approach as investigators test for similarities with substance addictions and impulse control disorders that already appear in diagnostic manuals (Heyman, 2009). Moreover, there exists a general lack of agreement regarding how excessive behavior syndromes are defined and described (Mudry et al., 2011).

Addiction to a substance and addiction to a behavior may look similar in their effects on behavioral patterns, emotions, and physiology. For example, people might engage in theft to buy heroin (Jarvis & Parker, 1989) or to finance problem gambling behaviors (Crofts, 2003). Numerous similarities between gambling disorder (GD) and substance use disorders (SUDs) have been demonstrated (e.g., Potenza, 2006), with these leading to the inclusion of GD alongside substance use problems in the fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (American Psychiatric Association, 2013). GD is the first such behavioral addiction included under the DSM heading of “Substance Use and Addictive Disorders” (Petry & O’Brien, 2013). However, clear differences also exist between SUDs and behavioral addictions. Perhaps the main difference is that substances provide, by definition, physiological input beyond what the body can produce by behavior alone. Consequently, SUDs are marked by several physically oriented criteria such as tolerance and withdrawal; these criteria are not generally present in behavioral addictions. Thus, serious debate exists regarding the similarity of criteria for behavioral addictions and SUDs.

Consequently, SUDs typically include several physical criteria, such as tolerance and withdrawal. There is debate on their applicability to behavioral addictions. Where some authors argue that behavioral addictions should and do display withdrawal and tolerance (Demetrovics et al., 2012; Griffiths, 2005; Petry et al., 2014) their implementation is often quite different from that of the tolerance and withdrawal associated with SUDs. Tolerance and withdrawal are critiqued in the current manuscript (see below).

Within the field of behavioral addictions, the subject of Internet addiction (IA) is of considerable interest. A primary driver of this interest is the recent inclusion of the more specific “Internet gaming disorder” in the DSM-5 appendix in order to stimulate research (American Psychiatric Association, 2013; Block, 2008; LaRose, Lin & Eastin, 2003; Petry & O’Brien, 2013). In this work, we will critically review the current approach to the measurement and identification of the excessive behavior syndrome sometimes referred to as Internet addiction (IA). Ultimately, we argue that it is probably more useful to characterize individual differences that interact with environmental factors and lead to high Internet use, rather than diagnose Internet addiction.

MODELS OF INTERNET ADDICTION

Three popular models of IA will be discussed: Griffiths components model (Griffiths, 2005); Young’s Internet Addiction Test (IAT) (Widyanto, Griffiths & Brunsden, 2011; Young, 1998a, 1998b); and the more recent diagnostic criteria by Tao et al. (2010). We selected these models for study because they propose specific criteria for IA disorder and are widely cited. As an example of their impact, Young’s IAT was recently used as the basis for a large (N= 11,956) European study of IA (Durkee et al., 2012). There are various other models and scales available, like the CIUS (Meerkerk, van den Eijnden, Vermulst & Garretsen, 2009), the OCS (Davis, Flett & Besser, 2002), and the (gaming oriented) POGQ (Demetrovics et al., 2012). Our approach is not meant to provide an exhaustive review of all currently available conceptual models of IA, but to discuss and critique the most salient trends. Thus, our approach resembles an empirically grounded critique of popular trends, rather than an exhaustive review.

The first model, by Griffiths, also known as the “components model” (Brown, 1993; Griffiths, 1996, 2005), posits that all addictions consist of six distinct and common components (i.e., salience, mood modification, tolerance, withdrawal, conflict, and relapse). Griffiths further argues that addictions are excessive behaviors that share key elements of biopsychosocial processes (Griffiths, 2005), with his component criteria originating from the gambling field described previously by Brown (1993). Numerous scales have been developed to assess Griffith’s criteria for many domains, such as work addiction and gaming addiction (Andreassen, Griffiths, Hetland & Pallesen, 2012; Lemmens, Valkenburg & Peter, 2009; Meerkerk et al., 2009; Terry, Szabo & Griffiths, 2004; van Rooij, Schoenmakers, van den Eijnden, Vermulst & van de Mheen, 2012). Using confirmatory factor analysis, the criteria were recently found to fit the large sample data collected with two popular Internet addiction scales (CIUS/AICA-S) quite well (Kuss, Shorter, van Rooij, Griffiths & Schoenmakers, 2013).

Secondly, the work by Young takes the established criteria for pathological gambling as a starting point and defines Internet addiction as a failure of personal impulse control that does not involve external substances (Young, 1998b). This failure is described by the following set of criteria: (1) a preoccupation with the Internet, (2) the need to use the Internet for increasing amounts of time, (3) unsuccessful efforts to stop using the Internet, (4) mood change when attempting to stop or cut down Internet usage, (5) staying online longer than intended, (6) jeopardizing of significant relationships or opportunities due to excessive Internet usage, (7) lying about Internet use, (8) using the Internet as an escape from problems or seeking to relieve bad mood states (Widyanto & McMurran, 2004). Young’s criteria note that only personal (non-work related) Internet use should be evaluated, and that addiction is thought to be present when a client reports experiencing five or more of the above eight criteria. Like Griffith’s model, these criteria and this cut-off score can be viewed as a direct translation of criteria for PG in the DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013). Other than replacing gambling behaviors with Internet behaviors, the only notable difference is that the DSM mentions a 12-month period, while Young mentions no time-period.

Young’s conceptualization has been popularized through the expanded 20-item IAT proposed in the 1998 self-help book Caught in the Net (Young, 1998a). Widyanto and McMurran (2004) characterized the IAT psychomet-rically using factor analysis. Using a convenience sample (online recruitment, N — 86), they obtained six factors in their analysis for Young’s IAT scale: (1) salience, (2) excessive Internet use, (3) neglecting work, (4) anticipation, (5) lack of control, and (6) neglecting social life. While Widyanto and McMurran concede that a limitation of Young’s instrument is that its main source of validity is face validity, they ultimately conclude that the IAT is both reliable and worthwhile as a tool for assessing subjects’ level of Internet addiction.

Thirdly, Tao et al. (2010) developed their diagnostic criteria for IA by considering the clinical characteristics of a large group of Chinese patients thought to have IA, as reported by psychiatrist evaluators. Using this approach, and excluding patients with bipolar disorder and/or psychotic disorders, Tao et al. (2010) proposed the following set of criteria: (a) symptom criteria (both must be present): preoccupation and withdrawal symptoms; (b) one or more of these criteria: (1) tolerance, (2) persistent desire and/or unsuccessful efforts to control use, (3) continued use despite problems, (4) loss of other interests, (5) use of the Internet to escape or relieve dysphoric mood; (c) clinically significant impairment criterion: functional impairments (reduced social, academic, working ability), including loss of a significant relationship, job, educational or career opportunities. The criteria also include a course criterion (d): Duration of IA must have lasted for an excess of three months, with at least six hours of Internet usage (non-business/non-academic) per day.

The three sets of discussed criteria for IA (Griffiths, 2005; Tao et al., 2010; Young, 2003) contain some commonalities (see Table 1). All sets of criteria describe feelings of a lack of control over Internet use; ensuing psychological, social, or professional conflict or problems (including “excessive use"); and mental preoccupation or salience. Other relevant features are mentioned inconsistently across the three models: mood management, tolerance, withdrawal, and craving/anticipation.

Table 1.

Comparison of three prominent sets of descriptive criteria for Internet addiction using items from assessment instruments

Another commonality in the models is researchers’ tendency to address Internet activities as a singular entity. The Internet incorporates a variety of potential activities, as demonstrated by the high correlations between measures of IA and time spent on online activities such as online gaming and social network use (van Rooij, Schoenmakers, van den Eijnden & van de Mheen, 2010). In some ways, saying someone is addicted to the Internet is akin to arguing that somebody with a drinking problem is addicted to a liquor store. As such, IA is ambiguous in terminology or is even a misnomer (Starcevic, 2013). That said, most authors, including the authors of the models reviewed, continue the general use of IA as a descriptor of specific addictive behaviors associated with Internet use. This critique follows that same approach by reviewing Internet use broadly. As future work allows, such critiques might be better tailored to specific Internet behaviors, such as the use of sexual media online.

A CRITICAL REVIEW OF POPULAR CRITERIA

Existing critiques of addictive behaviors include IA (Widyanto & Griffiths, 2006), sex addiction (Ley, Prause & Finn, 2014; Moser, 2011), behavioral addictions in general (Potenza, 2006), and impulse control disorders (Dell’Osso, Altamura, Allen, Marazziti & Hollander, 2006). The current critique differs by examining each of the criteria already proposed for IA, rather than attempting to create a new catalog of IA symptoms as many previous publications have proposed new criteria (Chakraborty, Basu & Vijaya Kumar, 2010; Shaffer, Hall & Bilt, 2000; Wood, 2007). Also, here we build on experimental findings to suggest new criteria that would provide stronger evidence of pathology than do the existing proposed criteria. This approach is consistent with the recent recommendation to move away from clustered criteria in a research context (Insel, 2013).

We critique each of the criteria proposed for behavioral addiction individually by the example of IA criteria reviewed above (see Table 1). While the cited authors were not unanimous in referring to the Internet as “addictive”, they are all proposing diagnostic criteria to identify - and thus name - a specific disease. Thus, at a minimum, all the models studied here share the assumption that the Internet can produce a qualitative shift to a diseased state in humans. While clearly a single criterion by itself would be sufficient to identify a disorder, a full analysis of all possible counts and combinations of criteria is beyond the scope of this work.

NEGATIVE CONSEQUENCES

Most, if not all, models of behavioral addictions seem to agree that negative outcomes are necessary criteria of a disease state. In the proposed category of sexual addiction, this may include the loss of a primary intimate relationship due to infidelity (Schneider, Corley & Irons, 1998), while problem gambling has included time lost from work/school and arguments with cohabitants over gambling behaviors (Lesieur & Blume, 1987). Online video gaming addicts reported more marital difficulties (odds ratio = 4.61) and work difficulties (odds ratio = 4.42), saw fewer friends (odds ratio 5.78), and missed more financial obligations (odds ratio 6.05) than those who game online in a non-addictive manner (Achab et al., 2011).

The negative consequences criterion has strong face validity, as it is difficult to imagine someone voluntarily choosing to suffer negative consequences. Mental illness, such as substance addiction, is often inferred from behavioral tenacity in the face of these negative consequences. However, research on decision-making consistently demonstrates circumstances under which healthy people engage in non-optimal, and often ultimately detrimental, behaviors. For example, the Iowa Gambling task is a card-drawing game in which healthy players have been shown to have a preference for drawing from a deck that loses money (Lin, Chiu, Lee & Hsieh, 2007). Specifically, players without any pathology tend to choose one (of four) card decks (Deck B) that provide a series of small wins, but also large infrequent losses, that result in overall loss. In this example, reframing negative consequences as the result of non-optimal decision-making might well be the more parsimonious approach to interpreting the behavior.

LOSS OF CONTROL AND/OR RELAPSE

As with negative consequences, a (perceived) lack of control of activities on the Internet is said to accompany Internet addictions. Items assessing controllability typically ask about efforts to reduce use. Surprisingly, such questions accounted for only small (6%) proportions of variance (as opposed to 9% negative effects, and 35% salience) in a survey measure of Internet use problems (Widyanto, Griffiths, Brunsden & McMurran, 2007). Interestingly, a perceived lack of control does not consistently emerge as predictive of problems in self-report assessments used to investigate IA (Widyanto et al., 2011).

Laboratory studies have found more convincingly that those individuals with Internet use problems might have problems with self-regulation. Poor decision making relative to controls has been demonstrated in problematic Internet gamers relative to controls in a dice game (Pawlikowski & Brand, 2011) and in inhibition trials such as go/no-go sequences (Littel et al., 2012). The poor control has been attributed to Internet addicts’ relatively enhanced sensitivity to rewards and their insensitivity to punishments in general decision making tasks (Dong, Huang & Du, 2011). Another way of thinking about controllability is the ability to change one’s own emotional state, now commonly known as affective regulation. For example, a number of studies have highlighted a relationship between decreased regulation abilities and the increased risk of proposed behavioral addictions. In a Turkish study 6% of the variability of Internet use problems was explained by self-reported emotion management skills (Oktan, 2011). Tokunaga and Rains (2010) noted that the ability to regulate affect predicted time using the Internet, whereas depression, loneliness, or social anxiety did not.

Controllability of the addictive behavior in IA and various other addiction models is often mentioned as a key diagnostic factor, possibly because it ascribes fault to a disease and not to the affected individual. However, there is no reason that behaviors cannot be both destructive to the individual and voluntary (for a review, see Heyman, 2009). If an inability to control Internet behaviors could be demonstrated convincingly (beyond self-reports), this would be important and consistent with a disease model. In addition to the perception of feeling out of control, though, it would be important to demonstrate that, even in the presence of valued alternative reinforcers, the addictive Internet behaviors could actually not be stopped. For example, a person might enjoy a strong sex drive, yet decline opportunities to behave sexually with an appropriate, desirable partner in favor of Internet use.

PREOCCUPATION

In the Internet addiction model, preoccupation generally refers to obsessive and continuous thoughts about Internet activities that contribute to the negative outcomes associated with problem use. Preoccupation is thought to arise as a part of the self-regulation failure accompanying problem Internet use, and is cited as a primary indicator of withdrawal (Caplan, 2010). At least one paper includes time spent in the activity as evidence of preoccupation (Shapira et al., 2003). Time spent in the activity is discussed in other sections in the current review (see below), so will not be discussed further in this context. General measures of the ability to control one’s thoughts do exist in both self-report (Wells & Davies, 1994) and (controversially) laboratory task analogues (Davison, Vogel & Coffman, 1997). However, instruments more specific to Internet problems are generally used with questions such as “When not online, I wonder what is happening online” (Caplan, 2002).

Unlike other addiction criteria, preoccupation with the Internet is a weak indicator of pathology, an intense hobby might just as well lead to preoccupation (Hellman, Schoenmakers, Nordstrom & van Hoist, 2013). Also, the tendency to assess “preoccupation” with novel questionnaires prevents accurate comparisons with other studies. Such comparisons are needed to determine whether thoughts about the Internet exceed thoughts typical of other non-pathological activities, such as hobbies; finally, reliance on self-reported risks over- and under-reported by clients (Beard & Wolf, 2001). While a number of improvements could be made in the assessment of preoccupation, it remains unclear how this would support a disease model of Internet use.

MOOD MANAGEMENT

In addition to the lack of control discussed in the context of affect self-regulation, engaging in behaviors to manage mood has been characterized as part of the disease model in behavioral addictions. Use of media has been characterized as motivated “to minimize aversion and maximize elation (p. 159)” (Mastro, Eastin & Tamborini, 2002). One author (Zillman, 1988) refers to this as selective exposure, wherein a person selects online media to maintain excitatory homeostasis between over- and under-stimulation. Some support has been claimed for this model by those who are induced to boredom subsequently generating more Internet site hits during browsing (Mastro et al., 2002). In a nationally representative sample, 8.3% of adults reported using the Internet to alleviate negative mood or to escape life’s problems (Aboujaoude, Koran, Gamel, Large & Serpe, 2006).

If online activity helps a person cope effectively with negative affect, it is unclear why such a strategy automatically becomes a criterion for addiction. In fact, the Internet has been equally lauded for introducing new avenues for social support to reduce negative affect (Lamberg, 2003) and to develop social competence (Saunders & Chester, 2008). Furthermore, greater use of the Internet for support has been associated with greater feelings of pride in young women facing cancer (Seçkin, 2011) and providing communication about sexual safety for isolated men who have sex with men (Rhodes, 2004), among other examples. It may be that there are more effective methods of coping with negative affect than engaging in online activities or that some Internet activities are more beneficial than others. Hence, Internet use as mood management has to be considered in context, as the Internet can be used as an effective coping tool.

TOLERANCE OR WITHDRAWAL

The concepts of tolerance (requiring more of the stimulus to get the same result) and withdrawal (experiencing negative consequences if you stop) have roots in the substance-based approach to addiction. While withdrawal is mentioned infrequently as occurring with cessation of problem gambling (Fisher, 1992), no biological change consistent with reported withdrawal experiences has been demonstrated in gambling or Internet use.

Tolerance is sometimes viewed as neither sufficient nor necessary to support a disease state, even within substance use disorders (Langenbucher et al., 2000). Authors writing about IA sometimes struggle with these two components. Besides Young’s discussed IAT, conceptualizations such as the Compulsive Internet Use Scale (Meerkerk et al., 2009) and ICD-10 Gambling criteria do not include tolerance as a criterion. The validation study by Meerkerk (2007) found little evidence of tolerance, which has resulted in its removal from the CIUS instrument. Although both Tao and Griffiths (and the current phrasing of DSM-5’s Internet gaming disorder) indicate this criterion of tolerance as a component for identification, it remains unclear how ‘marked increase in Internet use to achieve satisfaction’ would manifest physiologically with IA. Relying on patient reports of distress as evidence of withdrawal or tolerance appears to be weak support (Pies, 2009). In short, tolerance and withdrawal are neither (1) the most replicable aspects of substance use problems nor (2) identified clearly in problem Internet users. Thus, tolerance and withdrawal symptoms do not appear to support an addiction model of high Internet use.

CRAVING OR ANTICIPATION

Craving has been described as the “anticipation of pleasurable relief and a purely subjective phenomenon (Marlatt, 1987, p. 42). Assessments of cravings, then, are almost exclusively based on self-reports, e.g., separating hedonic desire aspects of craving (Caselli, Soliani & Spada, 2012). Also, craving seems to be an experience central to feeling that one is addicted, since craving is often labeled and believed to be a real phenomenon by patients (Kozlowski & Wilkinson, 1987). This is problematic, because it is tautological to suggest that a problem behavior is due to “craving”, and that craving is evidence that the behavior is problematic (Heyman, 2011). Also, research participants’ understanding of the term “craving” has been shown to differ markedly from researchers’ interpretations of the word (Kozlowski & Wilkinson, 1987). Despite this, many researchers have associated craving criteria with behavioral addictions (Armstrong, Phillips & Saling, 2000; Freeman, 2008; Han, Hwang & Renshaw, 2010; Stoeber, Harvey, Ward & Childs, 2011), including IA. For example, those at higher risk for IA have been reported to exhibit lower peripheral temperature and higher respiratory rate when surfing the Internet as compared to resting baseline (Lu, Wang & Huang, 2010). Such physiological indices are non-specific, so they cannot be interpreted as direct evidence of craving.

More recently, fMRI studies have reported that areas of the brain active during drug craving are also active when craving online video games (Ko et al., 2009), and that drug treatment of gaming addicts reduces activation of brain areas associated with craving (Han et al., 2010). Of course, brain areas are not process specific. These areas may simply reflect wanting or liking the substance or activity, or even internal conflict about the substance or activity portrayed. While liking Internet use is necessary early in use to parallel other addictions, it is not sufficient evidence of a diseased state. The reason why liking is not sufficient evidence is that addictive use is characterized by a shift away from liking to craving (Robinson & Berridge, 2000). Moving forward, changes in craving a behavior certainly might predict the increased likelihood of the occurrence of behaviors; however, at present, evidence in this area is limited to the predictive utility of behavioral intentions (Webb & Sheeran, 2006), and changes in craving have not been convincingly linked to changes in behavior. In summary, characterizing craving - or even “high” craving levels, if such an assessment could be made - appears to be insufficient evidence of a disease state.

TIME CUT-OFFS

Many behaviors could be described as harmful due to excessive involvement (i.e., procrastination, insufficient or excessive exercise, over-eating) without warranting a “disease” label. Behaviors might be usefully defined as problematic by their frequency, but how to quantify “too much” or “too frequent” is often a major point of contention (Weinstein & Lejoyeux, 2010). For example, excesses might be quantified as total orgasm outlet(s) per week for sexual behaviors (Kafka, 1991), hours spent in the gym for exercise (Lejoyeux, Avril, Richoux, Embouazza & Nivoli, 2008), or the amount of specifically forbidden foods consumed for eating problems (Tuomisto et al., 1999). In the case of IA, hours spent online is typically used as one indicator of problematic behaviors (Armstrong et al., 2000). Debate exists as to whether time spent on the activity is a good indicator of having a problem. For example, a nationally representative sample concluded that problem video gaming (online or offline) was not predicted well by the time spent on the activity alone (Gentile, 2009). Moreover, spending time on the Internet is not in and by itself a pathological or even a negative activity. Given this unresolved difficulty of establishing relevance and relevant behavioral cut-offs, time spent alone seems a weak candidate for establishing diseased behavior.

PROMISING FUTURE DIRECTIONS FOR RESEARCH

Is there a more useful way to think about problem Internet use than an addictions framework? This final section identifies continuum approaches that might prove more fruitful than the categorical approaches used to date (Insel, 2013). Specifically, existing research could be understood within other frameworks that are not addictions. Identifying a model that better fits the existing data would help pinpoint mechanisms supporting the Internet behaviors. Characterizing the nature of Internet behaviors could improve the efficacy of interventions for those who wish to reduce their Internet use.

COMORBIDITY WITH OTHER PSYCHOPATHOLOGY SUGGESTS UNDERLYING, COMMON VULNERABILITIES

Some researchers try to support the case for IA by demonstrating that IA co-occurs with other Axis-I psychopa-thology (Carli et al., 2013). However, what comorbidity actually implies is a common vulnerability (e.g., impulsivity, cognitive factors), which is made difficult to specify by the use of diagnostic categories. For example, Internet use has been found to vary with levels of depression in a longitudinal study (Kraut et al., 1998), but this may simply reflect the reduction in (real-life) socializing common in several mood disorders. In another example, individuals who are socially anxious use the Internet at higher rates than those who are not socially anxious to reduce the risks of face-to-face interactions (Lee & Stapinski, 2012). Similar points were raised by Wood (2007), who argued that behaviors proposed to be addictive may instead represent failure to cope with an underlying problem, and do not warrant a separate diagnostic category by themselves.

Davis (2001) proposes a cognitive behavioral model of IA focused on what he describes as maladaptive thoughts as the main source of pathological Internet use. These thoughts grow out of an underlying psychopathology, which the authors acknowledge as potentially problematic in ascribing the problem to the Internet use. This psychopathology (i.e. depression, social anxiety, substance dependence), coupled with reinforcing experiences on the Internet, is argued to develop the maladaptive cognitions that maintain overuse and other problematic behaviors. For example, someone might post a comment in an online forum that another may respond positively to, which might lead the original poster to feel socially skilled or intelligent. As variable ratio reinforcement continues with periodic positive reinforcement from other posters, the Internet user is rewarded to check and update the forums frequently. This model has garnered some empirical support (Caplan, 2010). For example, those who were more likely to report using the Internet to improve their mood were more likely also to report failures judging and limiting their Internet use time. Rather than delineating the boundaries of Internet addiction diagnoses, it would be more useful to characterize the individual differences that predispose some people to learn to use the Internet very often. Summary point (1): Comorbidity with other psychopathology alone does not provide evidence of a unique and separate psychopathology. Focusing on its role as suggesting underlying problems in basic functions (e.g., learning) to be studied further might be more fruitful.

BUILDING NEUROIMAGING MODELS, NOT NEUROIMAGING EVIDENCE

Neuroimaging studies have recently begun to emerge in the IA field (Kuss & Griffiths, 2012; Weinstein & Lejoyeux, 2013). One study found that experienced Internet users exhibited more than a twofold greater voxel of activation in the brain in general than did non- or infrequent Internet users (21,782 versus 8,646 total activated voxels) when performing an Internet search task (Small, Moody, Siddarth & Bookheimer, 2009). Specifically, the additional activation appeared in frontal pole, right anterior temporal cortex, the anterior and posterior cingulate, and the right and left hippocampus. Such studies suggest that task repetition over time leads to greater cognitive efficiency, which also is reflected by lower activations following mental training. The length of reported problems with IA has been shown to be inversely proportional to gray matter volume in the dorsolateral prefrontal cortex, rostral anterior cingulate cortex, and supplementary motor area (Yuan et al., 2011). Descriptions of the samples demonstrate alternative interpretations: the first study (Small et al., 2009) described their participants as either Internet “savvy” or “naive”, whereas the second (Yuan et al., 2011) described participants as having “Internet addiction disorder.” The former is an example of building a model of high-frequency Internet use, whereas the latter reified preconceived categories. The savvy/naive distinction reflected the fact that the frequency of use alone can lead to differences. In Yuan et al., a large difference in the “control” and “disorder” groups was the hours of daily Internet use, yet the higher use group was conceptualized as representing a qualitatively distinct problem. Although the authors wish to argue that there is a qualitatively distinct “disorder” group, no data were presented to demonstrate that a pathology, and not merely more frequent use, contributed to the brain differences reported.

Neuroimaging research is, of course, limited by the lack of causal inference and, relatedly, potential third-variable explanations. For example, gray matter volume in these areas also has been related to IQ (van den Bos, Crone & Güroðlu, 2012), in DLPFC to depression vulnerability (Amico et al., 2011), in supplementary motor area in response to motor training (Taubert, Lohmann, Margulies, Villringer & Ragert, 2011), and in rACC associated with suicidality (Wagner et al., 2011). Such variables may better account for the apparent relationship between gray matter and Internet use, and need to be controlled in analyses.

Substances change brain structure and function, which has been linked to reported problems of addiction (Leshner, 1997). Some authors have tried to suggest a similarity with behaviors, which certainly also have the capability of changing brain structure and function; however, this is merely evidence of learning, not addiction (Heyman, 2009). Behavioral addictions research appears poised to commit this error too. For example, Hou et al. (2012) argued that their findings suggest IA was associated with broad dysfunctions in dopaminergic brain systems. Others have reported decreased gray matter volume and greater fractional anisotropy (Yuan et al., 2011; Zhou et al., 2011) as well as abnormal white matter tracts (Lin et al., 2012) in Internet addicts. These non-specific findings may help characterize why some people enjoy the Internet more than others, but this is not sufficient evidence for an independent diagnosis so much as simply a catalog of possible commonalities.

Summary point (2): Differences in the activity of brain areas are not direct evidence of any pathology, but neuroimaging might be used to model relationships between Internet use and brain function.

IDENTIFYING MECHANISMS OF INTERNET USE SHIFTS

Evidence of enhanced reward responsivity has been investigated in relation to IA. Specifically, some people may simply respond more to rewards regardless of whether that reward is sex, drugs, or Internet behaviors. For example, rats who display greater incentive sensitization to food cues are the same rats who become motivated to self-administer cocaine (Saunders & Robinson, 2010). Rats bred to be sensation seeking also display heightened sexual behaviors (Cummings, Clinton, Perry, Akil & Becker, 2013). With respect to IA, some have pointed to a greater prevalence of dopamine polymorphisms in excessive Internet gamers as evidence of reward dependency (Han et al., 2011). Additional studies using PET have shown decreased D2 receptor availability in portions of striatum in excessive gamers compared to controls (Kim et al., 2011), enhanced glucose metabolism in areas related to reward processing (Park, Kim, Bang, Yoon & Cho, 2010), and greater activation of areas indicative of reward processing to game stimuli in excessive Internet gamers (Han et al., 2011). A small study found no difference in BDNF, thought to contribute to craving for drugs following cues, and between IA and controls (Geisel et al., 2013).

These findings are inconsistent with the speculation that those with IA demonstrate tolerance, which would require Internet activities to become less rewarding. Surprisingly, however, these studies have not attempted to link findings to specific behaviors or cognitions, only diagnoses. Thus, it is unclear whether the decreased reward might be occurring due to exposure history, cue type, individual differences in general reward sensitivity, or something else. A more dimensional approach might examine how reward sensitivity to Internet cues versus Internet use changes during different levels of sleep deprivation. This level of specification will help pinpoint what actually contributes to high frequency use and, hence, what might most impact future use. For example, one useful study using bupropion investigated distinguished changes in video game cravings reported and hours of use as continuous variables (Han et al., 2010) will allow integration with cravings and use research in related domains.

Reward sensitivity is non-specific to addiction and may represent a useful dimension to characterize frequent Internet use. For example, personality variables also modulate reward response in the same brain areas (e.g., ventral striatum [Simon et al., 2010]). Goodman (2008) pointed out that increased liking of a behavior is insufficient evidence for its status as an addiction. Another study suggested that such activation was indicative of reward from novelty alone, which may better explain apparent modulations of these brain areas in drug abusers (Bevins, 2001). Pharmacologically increasing dopamine bioavailability also increases expectations of the hedonic value of many different activities that have not been suggested to be addictive (Sharot, Shiner, Brown, Fan & Dolan, 2009), and decreasing dopamine decreases activation of reward areas to chocolate cues (McCabe, Huber, Harmer & Cowen, 2011) in non-pathological people. While enhanced reward processing is not a good indicator of disease, it may be a very useful dimension for characterizing variability in Internet use. For example, some have used reward responsiveness to show a shift in substance use from hedonic liking to more motivated, less hedonic craving (Robinson & Berridge, 2001). Monitoring change in reward responsivity over different levels of Internet use, or attempts to decrease engagement with Internet cues, would identify clearer targets for interventions than predictors of a hypothetical disease state.

Summary point (3): Shifts in the hedonic experience of Internet cues predictive of use changes might be more useful in changing Internet behaviors than a discrete addiction.

AN ALTERNATIVE PATH: AWAY FROM DISEASE, TOWARD BEHAVIORS

Internet behaviors have been described as “problematic”, “excessive”, “addiction”, “dependence”, “pathological”, “impulsive”, “compulsive”, or “abnormal”, or prefixed as “hyper-” to delineate some disease state. Notably absent are behaviorally specific, statistically descriptive terms, such as “high-frequency Internet use”. Additionally, many interventions already exist to change the frequency of specific behaviors, and the frequency and intensity of the behavior is often a main problem in reported cases of addiction.

Taking video games as an example, the amount of time spent playing video games has been associated with obesity (Vandewater, Shim & Caplovitz, 2004). Thus, it might make sense to try to reduce the time spent playing video games in order to prevent snacking that can occur while playing games. Simple behavioral, token economy interventions have proven successful for reducing the hours of television viewed (Schmidt et al., 2012) and could be adapted to modify gaming and other Internet involvement. Some might ob-ject that such a focus on behavior fails to treat some underlying cause of the behavior, which could result in relapse. A more straightforward focus on behavior and dimensions underlying behavior change, rather than development of another addiction model, appears reasonable.

Furthermore, attributing Internet behaviors to a disease state can be harmful. A diagnosis can be comforting, providing a label to describe isolating experiences and validating the challenges involved in changing a behavior (Rubin, 2000). However, diagnoses also can make change more difficult. For example, the primary mechanism of change when using biofeedback to treat chronic pain is increased self-efficacy, not changes in actual muscle tension (Holroyd, 2002). Addiction model treatments that teach the patient they are not in control of their addiction might actually reduce their self-efficacy and make behavior change less likely. A pragmatic focus on behavioral modification has already generated positive feedback from psychologists treating a small group of self-diagnosed IA patients (van Rooij, Zinn, Schoenmakers & Mheen, 2012).

This review did not address some potentially important aspects of Internet behaviors in a desire to limit the scope of the review. For example, Internet use can be characterized as varying on social involvement (e.g., Facebook versus solitaire), immediate financial risk (e.g., online poker with bitcoin versus blogs), or social acceptability (e.g., perusing sexual videos versus nature photography). It may be that specific Internet behaviors follow addictive patterns, whereas Internet behaviors in general do not. Also, the three models reviewed were an editorial choice to provide further insight into a few of the more popular models. An alternative approach would have been to conduct a systematic review of publications about Internet behaviors to quantify, in greater breadth, the extent to which the different symptoms actually are used.

In summary, many challenges exist to conceptualizing problem Internet behaviors as a disease. While progress is being made setting up large-scale, longitudinal studies, such as a recent Europe-wide (eleven countries, N = 11,956) investigation (Durkee et al., 2012), the otherwise impressive study continues to rely on an eight-item version of the Young Internet Addiction questionnaire. The failure to develop and use strongly theoretical measures limits the strength of these investigations. This questionnaire continues to float on face validity to classify users into a “pathological” group using an arbitrary cut-off score. We believe that this leaves ample room for improvement in the field. It also provides researchers with an opportunity for methodological improvement in the field by focusing on theoretical modeling, experimental results, and a dimensional approach.

Funding sources:

No financial support was received for this study.

Authors’ contribution:

Both authors contributed equally to the drafting, writing and rewriting of the current review.

Conflict of interests:

None to report for either author.

Acknowledgements:

Conceptualization and writing of this manuscript was initiated during the IVO Master Class Addiction 2012 in The Hague/Rotterdam, the Netherlands. The authors would like to thank Addiction Research Institute Rotterdam (IVO) and Stichting Volksbond Rotterdam for organizing/supporting the IVO Master Class Addiction 2012. We also thank independent readers Mark D. Griffiths, Rory Reid, Daniel L. King, David J. Ley, Edwin Szero, and Michelle Colder Carras for their contributions to this manuscript. We thank anonymous reviewers for their insight in revisions of the manuscript.

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